Seguridad y justicia

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Seguridad y justicia

En un Estado de derecho es primordial garantizar a sus habitantes la suficiente seguridad, que les permita transitar por calles, carreteras, espacios públicos, sin obstáculos ni temores...

El Ecuador está viviendo momentos de creciente inseguridad, lo cual afecta no solo la tranquilidad ciudadana, sino la posibilidad de una reactivación económica y la propia estabilidad de la democracia al afectarse el orden público. Lo sucedido en octubre del 2019 fue una clarinada de alerta de los niveles a los que se puede llegar cuando se producen reacciones tumultuosas fuera de control.

Hay que precisar que la inseguridad es un problema heredado por el actual gobierno. La delincuencia organizada ha encontrado un nicho apropiado en el crecimiento de la pobreza, el desempleo, el bajo nivel educativo, la corrupción, que son insumos que contribuyen a incrementar la inseguridad, a lo que hay que agregar el avance del narcotráfico, que ha venido penetrando cada vez más distintos sectores de la sociedad, dándole la razón a la frontal y patriótica denuncia que hizo hace más de una década atrás el Dr. Francisco Huerta Montalvo, cuando señaló que el Ecuador se encaminaba a ser una narcodemocracia.

El país está consciente de que los problemas carcelarios tienen varias aristas. Las masacres habidas en su interior responden a organizaciones delincuenciales que operan desde el exterior y es ahí donde las fuerzas de seguridad del Estado deben actuar con la urgencia, prevención y visión que el caso demanda. El enfrentamiento de la situación existente no se podrá corregir sin una colaboración de la administración de justicia, indiscutiblemente interrelacionada a la seguridad ciudadana, a la cual se atribuye el mantener en prisión a un 40 % del porcentaje de privados de la libertad sin resolver sus casos; en cambio es muy ágil al liberar con extrema facilidad y rapidez delincuentes reincidentes, fichados, o a quienes por su poder político o dinero se benefician de fallos reprochables.

En un Estado de derecho es primordial garantizar a sus habitantes la suficiente seguridad, que les permita transitar por calles, carreteras, espacios públicos, sin obstáculos ni temores, así como vivir en sus viviendas con la debida tranquilidad y confianza; sentirse protegidos por la fuerza pública y la justicia.