Columnas

Crisis institucional

"Esa pérdida de confianza institucional es consecuencia de una creciente falta de civismo. Se ha distorsionando el ejercicio de un cargo público que es de servicio a la colectividad..."

La pugna desatada entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral es reflejo de la crisis política que vive el Ecuador. Los intereses del país importan menos que la disputa de espacios de poder de personas o grupos. Aquello explica la poca credibilidad en instituciones como la Asamblea Legislativa, Presidencia de la República, Administración de Justicia, organismos electorales, organismos de control con muy bajos porcentajes de aceptación ciudadana, lo cual afecta al régimen democrático republicano vigente.

Esa pérdida de confianza institucional es consecuencia de una creciente falta de civismo. Se ha distorsionado el ejercicio de un cargo público que es de servicio a la colectividad y no para disfrutar canonjías o lucrar ilícitamente sin que existan sanciones ejemplares por estos desafueros. Mientras no se recuperen comportamientos apegados a la moral y la ley, se seguirá incrementando la inseguridad jurídica, cayendo en un precipicio de cada vez mayor hondura y difícil retorno a un auténtico Estado de derecho, que debe proteger al ciudadano en sus garantías fundamentales y su legítimo derecho a vivir civilizadamente y con un mínimo de bienestar.

La democracia es fruto de largas y cruentas luchas históricas libradas por la humanidad con sangre, sudor y lágrimas, por ello es reprochable que existan funcionarios que se crean en la potestad de imponer discrecionalmente dogmas o criterios, angustiando al ciudadano y sometiéndolo al tráfico de favores o influencias de pícaros de toda calaña.

El Tribunal Contencioso Electoral creado en la Constitución del 2008 tiene en teoría competencia para establecer dentro del marco de la ley, preceptos rectores y jurisprudencia que eviten que por intereses políticos partidistas se afecten derechos políticos de participación y de elegir y ser elegido, pero no puede ser un instrumento de clientelismos electorales, facilitando a procesados penalmente ser candidatos para eludir una condena, ni tampoco favorecer a quien no cumple con formalidades legales para una candidatura; eso descalifica el evento electoral.