¿Se negocia hasta la seguridad?

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¿Se negocia hasta la seguridad?

El Gobierno ya agravó el nudo gordiano de la inseguridad al prescindir de los servicios del ministro Patricio Carrillo. Ahora solo faltaría que viabilice, de la forma que sea, la impunidad de dirigentes e indígenas que cometieron actos de terrorismo durante la asonada de junio-2022’.

No se sabe por qué extraña ley de atracción, Ecuador cae -una y otra vez- en agujeros negros tan impenetrables como nocivos. Ni aprende de sus errores ni parece urgido de salir de esos círculos en los que orbita y que erosionan sin remedio el tejido social y la frágil institucionalidad. 

Un ejemplo es la relación que establecen los movimientos sociales y, en particular, la Conaie, dirigida por Leonidas Iza, con la ley. Dos eventos, totalmente coyunturales, lo prueban. Uno ocurre en la mesa de Seguridad, Justicia y Derechos que junta al Gobierno con la Conaie, la Feine y la Confeniae. El otro tiene lugar en una Corte del Complejo Judicial de Latacunga. En los dos, está Leonidas Iza. 

En la mesa de diálogo, las organizaciones indígenas dizque esperan proponer, en el campo de la seguridad, una hoja de ruta que incluya lucha contra la violencia, el narcotráfico, el sicariato... Esa es la fachada. El fondo es otro: llevar a esa mesa, como lo hicieron en Octubre-2019, instituciones del Estado (Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría del Pueblo…) que necesitan para obtener impunidad. Eso se llama negociar con la seguridad pública. 

De eso se trata. Y aunque en el Gobierno se dice que no se prestarán -porque supuestamente a nadie capan dos veces- esa mesa ya se instaló. El Gobierno sigue así enviando mensajes equivocados. ¿Para qué se instaló esa mesa si se conocen los objetivos que persiguen las tres organizaciones indígenas? ¿Qué tienen que hacer allí delegados de la Judicatura y de la Fiscalía?

El Gobierno ya agravó el nudo gordiano de la inseguridad al prescindir de los servicios del ministro Patricio Carrillo. Ahora solo faltaría que viabilice, de la forma que sea, la impunidad de dirigentes e indígenas que cometieron actos de terrorismo durante la asonada de junio-2022. Y esos procesos ya están avanzados en Shushufindi, en Puyo, en San Antonio…

Por supuesto los líderes indígenas no solo desean analizar “los procesos penales que se originaron en la protesta social”. Quieren licuarlos, desaparecerlos. También quieren “reparación integral” para aquellas supuestas víctimas de la represión policial. Y acusar al Estado, al presidente, al ministro encargado de la seguridad (como hicieron con Lenín Moreno y María Paula Romo) de crímenes de lesa humanidad. Ese fue el cóctel que se inventaron en Octubre-2019. ¿Por qué Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, abre la puerta para que se repita? Y en caso de que ese escenario se concrete, ¿alguien, con dos dedos de frente, espera que la Policía vuelva a hacer su trabajo si Iza y sus amigos deciden, otra vez, secuestrar parte del país y atacar a Quito, cometiendo a su paso un rosario de delitos?

Leonidas Iza, acusado de paralización de servicio público, completa el fresco. Su libreto incluye plantones, vigilias y movilizaciones callejeras frente a las cortes donde debe ser juzgado. Él no es el líder de una organización que comete actos de terrorismo y vandalismo (de los cuales nunca habla): es un luchador social políticamente acusado. El juicio no es consecuencia de haber violado la ley: es un proceso injusto para criminalizar la protesta social. En definitiva, él y los otros acusados solo son víctimas. Por una razón: creen tener derecho a paralizar el país, violentarlo e intentar golpes de Estado cuando se les antoja.

Esos dos escenarios se repiten obstinadamente con participación del gobierno de turno, fiscales y jueces. Como si no se entendiera que es precisamente porque se repiten, sin costo y con una naturalidad que espanta, que el país no sale del agujero negro.