Sin sanciones ni mejoramiento

  Columnas

Sin sanciones ni mejoramiento

El problema se torna más grave cuándo el actual comandante general de Policía declara a la prensa que “desde el 2014 hasta ahora se han producido un total de 75 amotinamientos en las cárceles”.

Después de 79 asesinados con vesania, decapitaciones y descuartizamientos, en cuatro prisiones de tres ciudades del país, parecería que se les escapó de las manos la cuestión de los centros penitenciarios a la PP. NN., guías penitenciarios y al Estado, a través del Ministerio de Gobierno y SNAI. El problema se torna más grave cuándo el actual comandante general de Policía declara a la prensa que “desde el 2014 hasta ahora se han producido un total de 75 amotinamientos en las cárceles”. Aquello impacta y desconcierta, ya que plantea varios cuestionamientos al Gobierno, Policía, Administración de Justicia y sistema penitenciario. Pero la cuestión medular es: ¿cómo es posible que se haya permitido y dejado avanzar institucionalmente la violencia entre bandas delincuenciales? Otras preguntas de rigor son: ¿cuántos cabecillas de bandas y matones han sido sancionados judicialmente?, ¿qué han hecho al respecto los jueces penitenciarios? Y, ¿está funcionando la inteligencia penitenciaria para impedir con antelación estos hechos sangrientos? Incluso sorprenden las declaraciones de un asambleísta, con protagonismo gubernamental y de dudosa reputación (destituido de la presidencia de la Asamblea), que buscando vedetismo habló sobre el acuerdo del finado alias Rasquiña de su libertad provisional para conservar la paz en las cárceles, y que le fue concedida por una jueza de Latacunga. Si esto es verdad, lo que sí parece, estaríamos ante una declaración manifiesta de debilidad e incapacidad del gobierno de Moreno y del sistema de control social en lo referente al mismo. Sorprende el quemeimportismo del Estado, representado por el Ejecutivo, al no acatar y ejecutar las resoluciones de la Corte Constitucional en las declaratorias de los dos estados de excepción por la emergencia penitenciaria, principalmente los planes de mejoramiento de las instalaciones. Finalmente, una vez más, se debe realizar una alianza estratégica entre Estado, empresa privada y sociedad civil para atender integralmente al sistema penitenciario, enjuiciar a los cabecillas de las bandas y secuaces, y sancionar políticamente a los funcionarios y administradores del mismo.