Venezuela, también en la mira por los contratos de asistencia a migrantes

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Venezuela, también en la mira por los contratos de asistencia a migrantes

La Cancillería confirma la existencia de dos acuerdos para asistencia penal y médica a ecuatorianos en el país.  En Argentina, México y Bolivia no se registran

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El presidente Guillermo Lasso y el canciller Mauricio Montalvo participaron el pasado lunes en una reunión con el cuerpo diplomático ecuatoriano acreditado en el exterior. El jefe de Estado y el titular de la Cancillería presentaron las líneas de trabajo en materia de política exterior.CORTESIA

Aparece Venezuela en el radar. La Cancillería ecuatoriana, frente a un pedido de EXPRESO por la polémica desatada por la sospecha de corrupción en los contratos firmados por la Embajada de Ecuador en España para asistir legal y psicosocialmente a migrantes afectados por los desahucios en el país europeo, abrió más el abanico de búsqueda y halló dos contratos también de asistencia a compatriotas en Venezuela.

El canciller Mauricio Montalvo, en conversación telefónica con este Diario, informó que solicitó datos a las embajadas en Argentina, México, Bolivia y Venezuela, lo que arrojó esto: “En principio le puedo adelantar que en el caso de México y Bolivia, no tienen (contratos de asistencia a migrantes). En el caso de Argentina, tampoco; pero quieren verificar hasta mandar una certificación por escrito. Sí existiría en Venezuela. Habría dos contratos aislados:uno de asistencia legal para privados de la libertad y algún otro para asistencia médica a ecuatorianos, que no estarían vigentes en la actualidad”.

La Cancillería debe darle una explicación al país. Eso es obvio. Adicionalmente la Contraloría debe hacer lo que corresponde. Todos los organismos involucrados tienen que actuar.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Serían contratos con montos menores, según dijo el titular de Relaciones Exteriores, y se está haciendo un barrido para cerciorarse y obtener todos los detalles de esos acuerdos.

El pedido de este Diario a la Cancillería sobre información en esos países en específico responde a que ahí gobiernan regímenes adeptos a la corriente ideológica del expresidente Rafael Correa, gobierno durante el cual, a través de la Embajada, se otorgó la mayor cantidad de contratos en España, cuyo dinero (se presume) iba a alimentar las finanzas del partido español Podemos, también adepto a Correa. O al menos ciertos indicios sobre esto último los dio Pascual del Cioppo, ahora exembajador de Ecuador en España.

Montalvo, al ser consultado sobre lo dicho por Del Cioppo en una entrevista a un medio de comunicación, dijo que hay que preguntarle al exdiplomático sobre esa documentación. Reconoció que habló con él luego de las polémicas declaraciones, pero que no se involucró en el tema de la documentación. “Lo que hice fue, en el canal institucional regular, solicitar a la Embajada y los consulados de España (la documentación). Eso fue lo que hicimos. Hablé con él (con Del Cioppo) luego de las declaraciones, pero en la temática de la documentación no me involucré”.

Al ser cuestionado sobre el periodo de silencio de aproximadamente dos semanas que mantuvo la Cancillería luego de que el exembajador destapó la polémica, Montalvo argumentó que esto se debió a que la Embajada en España estaba recopilando la información. Reconoció que pudo existir un inconveniente en cuanto a la comunicación, pero que esto no refleja una falta de voluntad, interés o determinación de la institución para enfrentar este caso. “Tal vez faltó exteriorizarlo, o un mecanismo de comunicación, pero no ha faltado voluntad, interés y determinación. Me puede atribuir una falta de comunicación o que no he sido lo suficientemente explícito”.

La Cancillería no es juez. Les corresponde a los organismos de control ver si existen indicios de que se ha cometido un ilícito. Lo que tiene que hacer la Cancillería es entregar la documentación.

Marcelo Fernández de Córdova, exvicecanciller. 

El canciller recordó que la institución, una vez recibida la documentación, la remitió a la Asamblea Nacional en respuesta al pedido de los legisladores Esther Cuesta, Gustavo Mateus y Esteban Torres. E invitó a la Contraloría a que realice un examen especial y de control a dichos contratos que, solo en asistencia jurídica, bordean los 7 millones de euros entre 2012 y 2021. Dependiendo del resultado de dicho examen, será la Cancillería o la misma Contraloría la que remita la información a la Fiscalía.