Seguros Sucre: dos con sentencias y cuatro enjuiciados en trama de lavado

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Seguros Sucre: dos con sentencias y cuatro enjuiciados en trama de lavado

Ecuador se respalda en la asistencia internacional en el juicio contra dos inculpados. Ninguno de los procesados en EE. UU. está vinculado en la causa

FOTO FISCALIA JUICIO SEGUROS SUCRE
Ayer continuó la audiencia de juicio contra un exfuncionario de la empresa de seguros y su esposa.CORTESÍA

A través de juicios en Estados Unidos y Ecuador se desmadejan los hilos de un entramado de corrupción en Seguros Sucre, cuyos protagonistas aprovecharon los contratos de la empresa estatal para recibir sobornos y lavar el dinero obtenido ilícitamente.

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La justicia estadounidense condenó recientemente a Juan Ribas, expresidente de la aseguradora pública, a 4 años y tres meses de prisión, por su participación en este esquema de corrupción que, de acuerdo con los documentos judiciales, operó entre 2013 y 2017.

Sus cómplices, los ecuatorianos José Gómez-Avilés y Roberto Heinert, esperan próximamente sus sentencias, en los sendos procesos que se llevan también en el estado de Florida. Un tercer implicado, el colombiano Fernando Moncaleano, recibió 6 años de cárcel el pasado 28 de enero.

En Ecuador, la Fiscalía vinculó a varias personas en la presunta participación del lavado del dinero que provenía de las coimas en Estados Unidos. Pero ninguno de los ecuatorianos enjuiciados y sancionados en ese país ha sido procesado ni vinculado en la causa penal que se tramita en Guayaquil.

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La Procuraduría General del Estado aclaró a EXPRESO que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla mecanismos de cooperación jurídica internacional, por medio de los cuales las autoridades competentes de Ecuador y Estados Unidos pueden trabajar de manera conjunta y coordinada para sancionar estos actos ilícitos.

“Le compete a la Fiscalía General del Estado, como titular de la acción penal, activar los mecanismos de cooperación que estime pertinente en este y similares casos”, menciona el organismo.

Basada en información recibida de Estados Unidos mediante una asistencia internacional que solicitó el 15 de junio de 2020 -según se lee en el expediente judicial- la Fiscalía acusó por lavado de activos al exgerente general de Seguros Sucre, José Luis Romo-Rosales, y su esposa, Verónica Haro. Ambos habían sido detenidos un mes antes durante varios allanamientos en Samborondón y Guayaquil. También fueron inculpados Marina Vedani (esposa de Juan Ribas), la empresa Casa Mobeloft y Steban Sach.

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El pasado 5 de febrero, Gabriela Luzarraga, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, dictó auto de llamamiento a juicio contra el exfuncionario y su cónyuge, y sobreseyó al resto de inculpados, por considerar que los elementos presentados por la Fiscalía eran insuficientes para probar la existencia del delito y su presunta participación en el mismo.

La Fiscalía, no obstante, ha objetado esa decisión de sobreseimiento. Las partes procesales están convocadas para hoy a una audiencia del recurso de apelación.

Mientras tanto, el juicio contra Romo-Rosales y su esposa por lavado de activos, continúa. Ayer, por cuarto día consecutivo, proseguía la audiencia en la que la Fiscalía presentaba pruebas testimoniales.

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Memorando. El abogado de Ribas, Jeffrey E. Marcus, dentro de un pedido de rebaja de la pena para su cliente, contó al Tribunal que dos empresas destinaron más de $ 10 millones en comisiones a varios funcionarios de Sucre.

EN CONTEXTO

La empresa

Para Seguros Sucre, el caso de corrupción no involucra a la compañía. “Nosotros no hemos sido investigados como empresa, y Estados Unidos no nos ha pedido declaraciones. Este es un juicio que se está siguiendo de manera personal contra un exfuncionario”, respondió la aseguradora a este Diario, a través de su dirección de Comunicación.

Investigación

Cuando informó sobre la sentencia a Ribas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que los sobornos se pagaron a través de varios intermediarios y que una parte de esos recursos ilícitos se lavaron en ese país. Las autoridades de Ecuador quieren establecer cómo se lavó el dinero que llegó al país y quiénes participaron en el delito.