La Prefectura de Pabón es señalada por la Contraloría

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La Prefectura de Pabón es señalada por la Contraloría

La auditoría halló indicios penales en una consultoría de comunicación que costó $ 84.000. En Fiscalía hay una investigación por tráfico de influencias

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Pichincha. El informe de la Contraloría señala malos manejos en un contrato para capacitar al equipo de comunicación de la Prefectura.Cortesía

La gestión económica de la Prefectura de Pichincha está en entredicho. A la polémica por haber usado más de un millón de dólares para un mural, 13 obras de teatro y su comunicación se suma una denuncia penal. Esta vez, presentada por la Contraloría.

La entidad emitió el informe con indicios de responsabilidad penal DNAI-AI-0061-2020, en el que se detallan irregularidades en la contratación de una consultoría para mejorar las habilidades y el análisis político del equipo de Comunicación de la Prefectura, integrado por más de 45 funcionarios.

Las conclusiones del equipo auditor indican que el 4 de septiembre de 2019, el entonces director de Gestión de Compras Públicas, Carlos Arce Miño, firmó un acuerdo por 84.000 dólares con la compañía DPC Diez Punto Comunicaciones, “pese a que esta no cumplió con los parámetros de experiencia mínima del personal técnico, por lo que debió descalificarse”, señala el informe.

Un mes antes de las violentas protestas de octubre, la Prefectura, que dirige Paola Pabón, había determinado la necesidad de fortalecer su comunicación. Sin embargo, la Contraloría detalla que no se justificó la necesidad de emplear profesionales externos, ya que Talento Humano no había hecho evaluaciones de desempeño al personal de comunicación y no se conocía qué tipo de habilidades necesitaban.

Pese a no cumplir los requisitos, la Prefectura llevó adelante la adjudicación. Seleccionó, sin concurso, a una firma cuyo personal tenía menos formación, menos experiencia y menos capacidades que las reportadas por los servidores de planta.

Por ejemplo, los fotógrafos de la Prefectura tenían entre siete meses y 15 años de experiencia y los camarógrafos, entre 16 y 18 años. Ante la Secretaría de Educación Superior registran títulos de ingenierías en diseño gráfico y tecnologías en producción audiovisual. En cambio, al personal seleccionado para capacitarlos en “nuevas técnicas fotográficas” solo se le solicitó el título de bachiller.

Para la Prefectura, en 2019 existían falencias en su comunicación porque su equipo no tenía experiencia en análisis político. Se alegó esta necesidad para pagar a un experto en comunicación política y digital.

Sin embargo, en la oferta que presentó DPC Diez Punto Comunicaciones consta que la persona que daría los talleres en comunicación política tenía experiencia en gestión de proyectos dentro de una empresa dedicada a la producción de alimento balanceado para aves ponedoras, codornices, cerdos, ganado lechero y el engorde de cuyes, conejos y tilapias. Tampoco cumplía los requisitos, ni en títulos ni en experiencia, el experto en contenido web.

Este Diario se contactó con el exdirector de Gestión de Compras Públicas que firmó el contrato, con la compañía contratada y con la Prefectura. Ninguno contestó.

En el informe DNAI-AI-0061-2020 se indica además que no hay constancia de que los 33.600 dólares de anticipo fueran usados correctamente.

El 23 de septiembre de 2019 se hizo efectivo el pago del anticipo a la cuenta del proveedor. Pero en los estados de cuenta, del 23 de septiembre al 18 de octubre de 2019, se evidencian 33 débitos y cinco pagos en cheque por  26.369 dólares a proveedores que no fueron identificados. “Lo que ocasionó que no se evidencie si el uso del anticipo corresponde estrictamente al contrato”.

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Por estos hechos, la Contraloría determinó un mal uso de recursos públicos y envió el expediente a la Fiscalía. Allí se encuentra abierta una investigación contra Pabón y otros funcionarios por presunto tráfico de influencias.

Pabón tiene otros casos penales

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, tiene otros procesos pendientes con la justicia. La Fiscalía la acusa de querer desestabilizar al Gobierno de Lenín Moreno en las protestas de octubre de 2019. Es procesada por el delito de rebelión y tiene un grillete electrónico como medida para garantizar que comparezca a las audiencias. Además es investigada por un posible peculado en las compras para bolsas de cadáveres en el primer año de la pandemia. Sobre estos hechos, ella ha indicado que se trata de una persecución política por su oposición al anterior y al gobierno de Guillermo Lasso. Ella asegura que no hay ilícitos, solo retaliaciones.

  • EL DETALLE

Campaña. El jueves, en Twitter, los partidarios de la prefecta enviaron mensajes en apoyo a su gestión.