En el correísmo, decretos y normas 'blindaron' la corrupción en Petroecuador

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En el correísmo, decretos y normas 'blindaron' la corrupción en Petroecuador

Lo evidencia un exgerente de Comercio Internacional para quien no fue fácil encontrar argumentos penales en los contratos petroleros

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Fotografía de archivo en la que se registró un logo de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador.efe

Mauricio Cisneros fue gerente de Comercio Internacional de Petroecuador durante cinco meses en la administración del expresidente Lenín Moreno. Sustituyó a Nilsen Arias, actualmente procesado en Estados Unidos por el presunto delito de lavado de dinero. La semana pasada la Fiscalía y la Policía allanaron su domicilio. Eran aproximadamente las 07:00 de la mañana, recuerda el exfuncionario de la estatal petrolera quien al momento está jubilado pero brinda asesorías a empresas privadas.

Señala que no tenía boleta de captura como sí otros siete exfuncionarios y personas ajenas a la entidad petrolera para quienes la Fiscalía inició un proceso. Le dijeron que tenía que rendir versión libre en la entidad, incautaron su celular y computadora. La situación le generó malestar porque su nombre se difundió en redes sociales al igual que su foto. Reconoce que eso le provocó un daño sicológico.

¿Qué investiga la Fiscalía? Un presunto delito de cohecho en el que Cisneros dice que no tiene nada que ver. Y lo dijo en las dos horas en las que rindió una versión con el uso de una pizarra para explicar la estructura y su funcionamiento "para que tengan la imagen de lo que pasó con los contratos".

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A Cisneros no le correspondió firmar contrados sino ejecutar todos los que se habían suscrito a partir de 2009 cuando Petroecuador era administrado por la Marina y los suscritos por Nilsen Arias. En la audiencia de formulación de cargos la Fiscalía evidenció que cuenta con la investigación remitida por Estados Unidos que hace referencia al modus operandi de la cadena de corrupción que operaba en Petroecuador de sobornos y lavado de dinero, "en medio de la cual se tiene la cooperación del exfuncionario Nilsen Arias quien se encuentra procesado en ese país, declarándose culpable".

La Fiscalía aseguró en la diligencia que, dentro de esa cadena se había establecido que Arias en su calidad de gerente de Comercio Internacional "operaba con sus cómplices para camuflar el sistema de millonarias coimas, de la empresa Vitol para obtener contrataciones directas consecutivas con Petroecuador". 

Según la imputación, con eso se evitaban los procesos de adjudicación radicada en Houston, Estados Unidos, empresa petrolera que opera a nivel mundial y que sería considerada de preocupación en EE. UU. De Vitol indica que es beneficiada efectiva de Vitol Holding con sede en los países bajos comercializadores petrolíferos de los más grandes del mundo.

Para la Fiscalía, esa trama de corrupción se basaba en el sobreprecio de la venta de petróleo, que para Cisneros es venta de crudo a precios con descuentos no justificados, entre otras irregularidades para ocultar tal fin se emitían facturas falsas, se crearon contrataciones de consultorías y asesorías falsas, acuerdos simulados y se habría proporcionado información confidencial de Petroecuador a la empresa comercializadora.

La investigación alcanza el periodo de 2010 a 2022 y dentro de este la Fiscalía determinó que tres de los siete procesados laboraron en la estatal en cargos técnicos y de asesoría durante ese tiempo, ligados directamente al cargo de Arias. Según el organismo, la investigación de Estados Unidos detectó que Arias operaba conjuntamente con quienes en ese país se los ha denominado como cómplices. En la formulación de cargos la Fiscalía citó la versión de Cisneros en la que habría manifestado que operaba con un equipo técnico y dio varios de los nombres de los procesados dentro de la causa, "a quienes catalogó como personal que no era fácil de remplazar, serían quienes trataban sobre las decisiones de las contrataciones, las que se tomaban conjuntamente entre Petroecuador y el Ministerio de Finanzas".

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Durante los cinco meses de gestión, de junio a noviembre de 2017, Cisneros y el entonces gerente de Petroecuador conocieron que los contratos suscritos eran onerosos para el país. "Cuando hicimos el análisis nos dimos cuenta que había posible perjuicio para el país" porque había que entregar más menos 10 % de crudo y se dispuso que sea menos de 10 % y eso le permitió reunir crudo que sacó a venta al mercado internacional para venderlo al mejor postor. Por primera vez afirma que sacaron un premio en lugar de castigo. 

Comenta que el perjuicio está en el precio porque la fórmula en los contratos para calcular el precio del crudo tiene variable de descuento por la calidad. La idea de la administración de Cisneros era obligar alos compradores a la renegociación pero no tuvieron el apoyo político. "No pudimos renegociar los contratos a pesar de ser onerosos e impracticables", dice.

No dice quien estuvo detrás de la salida en momentos en los que iban a anunciar los detalles de la renegociación porque los gerentes fueron cesados de sus funciones. Reconoce que en la estatal sí hay corrupción en varias cosas, en proyectos grandes, en pequeños y para limpiar eso se necesita mucho trabajo de proceso e implementación de controles. Justifica que en cinco meses no se pudo hacer mucho porque al analizar los contratos no es muy fácil encontrar un argumento penal porque están de acuerdo a decretos , cambios de la norma, bien hechos para dar vicios de legalidad. "Lo que sí encontramos es que se estaban vendiendo el crudo a menor precio de los normales". Ante la falta de información no pudieron presentar denuncias.

La instrucción fiscal se abrió el 2 de noviembre y durará 90 días para la práctica de diligencias, recepción de versiones y recopilación de indicios.