“La ciudadanía está en peligro, los sicarios no se limitan al actuar”

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“La ciudadanía está en peligro, los sicarios no se limitan al actuar”

Un claro mensaje de poder y control. La Policía aún investiga lo sucedido. Cámaras del ECU-911 dieron alerta cuando ya estaban colgados 

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El paso elevado está a la entrada de la ciudad, justo después de finalizar el puente de la Unidad Nacional.ARCHIVO.

La escalofriante escena que se vivió durante la madrugada de este lunes en el puente de Durán,  provincia del Guayas, en donde dos cuerpos amanecieron colgados, es una muestra de que la violencia no ha sido controlada y peor detenida en Ecuador.

“La ciudadanía está en peligro porque encima los sicarios que se contrata es gente que toma un arma y dispara sin importar a su alrededor, estamos en manos de un tipo de crimen al que no hay respuesta y del que no estamos preparados”, expuso Juan José Hidalgo, experto en seguridad, especializado en cultura de paz.

La modalidad de cuerpos guindados en un puente es la primera vez que se registra en el país, pero Segundo Romero, psicólogo forense, agrega que esto era de “esperarse” porque Ecuador    ya es un país de acopio y narcolavado.

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“Desgraciadamente, a la delincuencia criolla le gusta simular a los narcos, con la fuerza de los carteles que ya están en el país. Esto es un aprendizaje vicario, con el objetivo de enviar dos mensajes, el primero es intimidar a las bandas adversarias y el segundo es otro muy claro de poder que va contra todos: Policía, Gobierno, ciudad. Es un: ‘yo mando aquí’”.

“Y van a venir cosas peores”, expuso Romero. Él no descarta que en los próximos días, sean secuestrados policías o que los jueces reciban “regalos” con partes humanas en los exteriores de los domicilios.

Julio César Cueva, experto en conducta delictiva, señala que dichas acciones no van a desaparecer porque el “Estado se haga el desentendido que es lo que creo que está pasando. Si no se hace algo ahora, el día de mañana no van a ser suficientes los entrenamientos, ni el personal con el que se cuente en el país, esta gente va a tener mejor inteligencia y mejores equipos para ese entonces”.

Hidalgo concuerda y enfatiza que este tipo de bandas no se limita al ejecutar muertes violentas en cualquier lugar, tales como un centro comercial, en una plaza pública o a una escuela porque simplemente quieren cumplir con la orden de quien los lidera en la organización delictiva.

Y, ¿las víctimas colaterales?

Los expertos concuerdan que ya existen impactos en la ciudadanía como por ejemplo en la psicosis colectiva de las personas que desencadena un ambiente más tenso y de nerviosismo en el diario vivir. El resultado inmediato es que las familias no quieran salir a lugar de esparcimiento durante un fin de semana por temor a una bala perdida. Acto que provoca otro choque emocional luego de confinamientos parciales debido a la pandemia.

Las víctimas se encontraban conversando y bebiendo afuera de un inmueble de la cooperativa Amazonas 2, sector donde se registró la balacera.

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Hidalgo agrega que la tesis del Gobierno de que se trata de un “problema entre bandas” ya no solo “quedó corto” sino que muestra la incapacidad de manejar la información y realidad del tema. Esto se refleja en el casi o nulo control o al menos contención de la inseguridad en el territorio y de lo que pueda pasar en un corto o mediano plazo aun tomando decisiones.

“La información que nos da la policía tiene estadísticas muy simples, esto no está hecho con métodos científicos, ni tampoco se determinan los datos a rigor cualitativo, para poder decir que se matan entre bandas, usted debe tener una investigación, que debe estar sustentada con métodos, que además de recomendaciones, den resultados”, puntualizó.

Frente al argumento de las autoridades en el que se subraya que la mayoría de los fallecidos en los sicariatos tienen antecedente penal, Hidalgo cuestiona la ligereza en la que se anuncian dichos hechos.

“Cuando se tiene una sentencia se certifica que es un delincuente profesional o por el delito que se comprobó, no por detenciones o proceso por el que esté pasando, este tipo de crimen que usa tácticas de terrorismo, de guerra y otros tipos les toma por sorpresa a las autoridades”.

Para acciones urgentes y que permitan dar respuestas efectivas, agrega que se debe iniciar con un levantamiento de información real para que proporcione a las autoridades una hoja de ruta contra la inseguridad.

“Así como la violencia se aprende también se puede desaprender, lo que más se necesita es voluntad política... La paz es un derecho humano de todos. Esa es la piedra angular para el goce de todos los derechos y de la seguridad, si no hay eso, tampoco libertad ni justicia, ni nada”.

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Lo que se sabe

Alerta

A las 03:00 el ECU 911 dio aviso a la Policía Nacional de los cuerpos colgados en el puente de Durán. Según Holguer Cortez Carrión, subcomandante de la Zona 8, las cámaras no apuntan al lugar, solo hacen secuencia de la carretera.

Secuestrados

De acuerdo a Cortez “familiares de las víctimas” habían puesto la denuncia por desaparición. Sin embargo, la policía señala que solo uno ha podido ser identificado porque portaba su billetera y no tiene antecedentes penales. Aún se verifican hipótesis de las causas de su muerte.

Información

No hay un número de posibles personas que estén involucradas en la muerte de los dos ciudadanos y en la colocación de los cadáveres. “No sabemos cómo llegaron y en qué condiciones llegaron, eso modificaría sustancialmente la participación de personas”, dijo Cortez.

Alcance de las políticas 

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Defensoría del Pueblo inició investigación

César Córdova, defensor del Pueblo, se refirió ayer sobre los hechos violentos ocurridos en el país, especialmente en la zona 8. Entre las primeras acciones que se realizará es un“proceso de incidencia en las políticas públicas de seguridad interna”.

El objetivo es pedirle explicaciones a todas las entidades del Estado que tienen que ver con la seguridad interna. “Estamos llegando a la fase final de la incidencia de la política pública, en distintas ópticas que se presenten, pero la investigación en cuanto al delito lo tiene la Fiscalía”, reiteró Córdova.

De esta forma, se abrirá una investigación defensorial para que se analice si las políticas implementadas en el país están cumpliendo los objetivos del Estado ecuatoriano con el fin de proteger a sus ciudadanos.

“Es importante que se conozca de primera mano que es una preocupación integral”,    agregó el delegado provincial de la entidad Freddy Viejó, en rueda de prensa dada ayer.

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Otra de las medidas, es la instalación de oficinas en diferentes puntos de la ciudad, para que la ciudadanía “cuente qué es lo que verdaderamente está pasando en las calles”.

El fin es hacer cambios en la política pública, normativa, en áreas sociales y las que necesiten cambiar.

“En la primera semana de marzo vamos a presentar el diseño de las incidencias de las políticas públicas y a partir de ahí evaluar lo que está sucediendo y de esa forma construir conjuntamente los cambios que se necesitan    para dar respuesta inmediata”,    apuntó Viejó.

“Estamos para la vigilancia de los debidos procesos dentro del marco de los Derechos Humanos de la población”.

Córdova enfatizó que ya han establecido contactos con la Academia, organizaciones sociales, ciudadanía en general y más sobre este tema.