La respuesta del Ejecutivo al audio de Aparicio Caicedo es la evasión

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La respuesta del Ejecutivo al audio de Aparicio Caicedo es la evasión

Sectores opinan sobre la llamada de Aparicio Caicedo al superintendente elegido por el CPCCS 

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Caso. El pasado 21 de julio fueron detenidas ocho personas en el operativo Danubio, que desarticuló una posible red que ofrecía cargos públicos.HENRY LAPO

Ante la difusión del audio de una llamada de Aparicio Caicedo, consejero presidencial, para presionar a Raúl González de que renuncie al proceso de selección de superintendente de bancos, Diario EXPRESO buscó una respuesta ante el Ejecutivo, porque en dicha llamada se menciona al presidente de la República. Sin embargo, evadió contestar al respecto.

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El secretario de Comunicación de la Presidencia, Leonardo Laso, dijo ayer a este Diario que no tenía ningún comentario al respecto. Ante el argumento de la necesidad de una respuesta, dado que la llamada de Caicedo deja en entredicho si el primer mandatario conocía ese pedido de renuncia, el titular de Comunicación añadió que “cuando hable del tema con el presidente (de la República) podría darle un comentario”.

Este Diario también buscó una entrevista con el Ministerio de Gobierno. Un comunicador de esa cartera de Estado indicó que le consultaría al ministro Francisco Jiménez después de que termine una actividad en la que participaba. Hasta el cierre de esta edición estaba pendiente dicha respuesta.

Sin embargo, desde la bancada legislativa del oficialismo, Juan Fernando Flores manifestó que Caicedo tiene el respaldo del Gobierno. También contestó a otros sectores políticos, como de la Asamblea, que cuestionan el accionar del consejero presidencial, que antes colaboraba con el régimen bajo la figura de asesor ad honorem.

“Frente a las posiciones de sectores que consideran que se tiene que dar una respuesta, primero: no es una obligación del Gobierno Nacional. Segundo: más preocupados deberían de estar de lo que aún la Asamblea Nacional no explica sobre muchos procesos que lleva adelante”, respondió Flores.

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Caicedo le dijo a González que “si el presidente de la República no te quiere en la terna, deberías de renunciar a ella”. Después de que se filtró el audio de la llamada y se difundió en un reportaje de Teleamazonas días atrás, el consejero presidencial emitió un comunicado en el que justifica el pedido de renuncia.

En ese documento, Caicedo afirmó que pidió al entonces postulante a superintendente de Bancos que desistiera porque empezó a negociar políticamente con asambleístas y otros sectores políticos. González también se pronunció. Negó alguna promesa de renuncia y que habría operado políticamente con maniobras ilegales.

Para el asambleísta Juan Lloret, de UNES, la falta de un pronunciamiento desde el Ejecutivo se puede entender como “un silencio cómplice”.

“Cuando se dan este tipo de situaciones y no hay una respuesta, puede ser que haya una complicidad de por medio y habría que determinar hasta qué niveles de complicidad. Ojalá y no sea hasta las más altas esferas que incluyen al presidente, quien es el que define a ese tipo de asesores”, comentó Lloret.

Ese silencio también podría entenderse, añadió, como una falta de capacidad para afrontar este nuevo episodio de entredichos, al que se lo ha calificado como un escándalo, y que remueve otro pasaje reciente de presuntas irregularidades en un caso de supuesta venta de cargos públicos en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae). En ese caso trascendió el nombre de Juan José Pons, hombre cercano al primer mandatario, quien fue nombrado consejero presidencial ad honorem en temas relacionados con el banano.

Alejandro Jaramillo, asambleísta por la Izquierda Democrática, también consideró que el episodio reciente amerita una reacción presidencial.

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“Vamos ya 14 meses de este régimen y ya tenemos escándalos de corrupción de venta de ministerios, la gestión de cargos en Petroecuador y esta intromisión del Ejecutivo en otros poderes del Estado, específicamente me refiero a la Función Judicial, a través de los jueces”, comenta el legislador.

Los legisladores consultados comentaron que la Asamblea y la justicia ordinaria deben investigar este último caso.