Alembert Vera: “Hay que revisar el anexo de la consulta. Ahí hay engaño”

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Alembert Vera: “Hay que revisar el anexo de la consulta. Ahí hay engaño”

Doctor en Derecho. Docente universitario, fue abogado defensor del exmandatario Rafael Correa, en el caso contra diario El Universo. Conocido también por representar a Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas en el caso Arroz Verde. Vera, es ahora candidato para integrar el Consejo de Participación Ciudadana.

ALEMBERT VERA, VISITA (9636015)
El también catedrático, optó por participar en una contienda electoral y detalló a EXPRESO sus propuestas a implementar en caso de ganar en febrero de 2023.Miguel Canales Leon

- ¿Por qué participar en un cargo público?

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- Es una necesidad, el país requiere las autoridades que se involucren de forma activa en acciones concretas para cambiar el país.

- Desde 2018, el CPCCS ha estado en una eterna pugna de poderes ¿Qué le hace pensar que esta vez será diferente y cumplirá con su propósito?

- Primero hay que cumplir los parámetros de la designación de autoridades, porque hoy tenemos un Consejo que casi todos son sustitutos de los sustitutos y lo peor es que se enfocan solo en la elección de autoridades y se olvidan de ser el enlace entre la ciudadanía y las autoridades en más competencias del organismo.

- La Consulta Popular quiere eliminar esa facultad...

- Le resta una de sus competencias, las otras subsisten, es decir habrá control social y promoción ciudadana. Ahora hay que revisar bien su anexo, creo que ahí hay engaño, primero habla de ternas enviadas, luego se eligen en la Asamblea, pero ¿quién va hacer el concurso?, el CPCCS. Considero, se debe votar no.

- ¿Cuáles son sus propuestas?

- Una reforma para que los informes de algunas de las veedurías, observatorios y demás tengan más que un efecto sancionador, un efecto vinculante; sobre todo las que tienen impacto de índole social. Para que no solo queden en recomendaciones y también se pueda estar detrás de las falencias del Estado.

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- ¿Quién apoya su candidatura?

- Todo el mundo sabe quién me apoya… Me apoyan los ciudadanos. A mí me impugnaron inicialmente por ser correísta, supuestamente. Por haber sido    abogado de Correa, pero también he sido abogado de Barcelona y Emelec y mi trabajo me ha llevado a la defensa de muchos políticos. Tu profesión no puede limitar tu participación política.

- Pero habrá cuestionamientos de imparcialidad.

- Claro, se me conoce mediáticamente por mis defensas más sonadas como la de Correa en contra de Diario El Universo, la de Arroz Verde cuando defendí a Walter Solís. Pero también cumplí la normativa legal que es no estar afiliado a ningún partido político en los últimos cinco años y en mi caso nunca he tenido una afiliación política.

- ¿Pero es la sombra de un respaldo de parte de una organización política?

- Yo creo que esa sombra no hay que quitársela, es necesario que la gente también comprenda que somos humanos y yo tengo un trabajo, y mi carta de presentación es mi trabajo. Querer negar mi aspecto procesal es negar mi participación en juicios de los cuales me siento muy orgulloso y sería quitar mi naturaleza. Si la gente lo quiere interpretar como el apoyo de un partido, que lo haga.

- ¿Qué se debe hacer con casos de corrupción como la adquisición de los fotorradares?

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- El trabajo investigativo que hace EXPRESO es importante y eso nos regresa la necesidad del CPCCS porque no hay quién esté detrás exigiendo que se tomen acciones. ¿Cuántas denuncias hay al respecto? ¿Cuántas acciones de oficio se han iniciado? ¿Cuántas acciones de contraloría? Hay una falta de institucionalización. Está fuerte en redes el tema, pero no hay eco en algunas instituciones del Estado.

-    Y sobre el caso Vallas, que también ha tratado el Diario.

- Es mucho más grave porque se ha permitido que muchas de las publicidades y no solo de ahora, sino de las elecciones pasadas, se pongan en infraestructura que no tienen la reglamentación necesaria. No se trata solo de un GAD que no ha funcionado en su control urbano, sino que hay instituciones públicas que han contratado sin saber si hay un trasfondo no legal y no hay una sola denuncia, un seguimiento o un acto de justicia.